Cuando el daño llega por vía digital, la reclamación sigue siendo jurídica

Fraude en medios de pago y phishing

La normativa de servicios de pago invierte la carga de la prueba en favor del usuario. Ante una operación no autorizada, corresponde al proveedor acreditar que fue autenticada, registrada correctamente y no afectada por un fallo técnico. No basta con que la entidad afirme que se usaron tus claves.

Ahí es donde se gana o se pierde el asunto, y por eso muchas reclamaciones se abandonan antes de tiempo: el cliente asume una culpa que jurídicamente no le corresponde acreditar.

• Reclamación ante la entidad y ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
• Demanda de restitución cuando la entidad no devuelve el importe.
• Análisis de si hubo negligencia grave del usuario, que es el único supuesto que libera a la entidad.

Vulneración de datos personales

• Reclamación de indemnización por los daños derivados de una filtración o de un tratamiento indebido.
• Defensa de empresas ante procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos.
• Revisión del cumplimiento del RGPD cuando el incidente ya se ha producido y hay que responder.

Conflictos por contratos de software y servicios tecnológicos

• Incumplimiento del proveedor: entrega defectuosa, funcionalidad no entregada o plazos incumplidos.
• Discrepancias sobre licencias de uso, propiedad del código y derechos de explotación.
• Resolución del contrato y reclamación de cantidades entre empresa y desarrollador.

La prueba digital dentro del procedimiento

Un correo, un log o una conversación no valen por existir: valen si entran en el procedimiento en forma y resisten la impugnación de la contraparte. Nuestra parte es esa, la procesal: qué se aporta, cómo se aporta, cuándo se propone y cómo se defiende su autenticidad en la vista.